No hace mucho le anticipábamos el malestar y preocupación que hay en los sectores del calzado, gelatinas, embutidos y jabones por la adición del Artículo 85-A, que fija un pago por concepto de inspección fitosanitaria.

Las compañías dialogarán con las autoridades hacendarias con la finalidad de que dicho gravamen no sea aplicado, pero de no obtenerse resultados positivos de ello, seguramente se presentarán numerosos amparos en contra del cobro del impuesto.

Hablamos de firmas como Procter & Gamble que comanda Alejandro Galindo, Colgate-Palmolive que capitanea Guillermo Fernández, La Corona que conduce María Estela González, la Fábrica de Jabones Mariano Salgado y Henkel que preside Michael J. Clarkson.

 El alza en los precios de jabones y productos similares provocará la falta de competitividad para las empresas del ramo, situación que podría provocar el cierre de empresas, con la consecuente pérdida de empleos, que actualmente suman 15 mil, de manera directa.

Las empresas se dicen cansadas de los conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que dan como resultado la aplicación de este tipo de impuestos, totalmente injustificables, ya que dañan seriamente al aparato productivo.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes (Canajad), las empresas afiliadas a ese organismo producen anualmente 125 mil toneladas de jabón de tocador y una cantidad igual de jabón de lavandería. De este volumen total, se exporta 20 por ciento.

La Canajad expone que el perjuicio económico que sufrirán las empresas mantequeras será de 50 mdp anuales, lo que provocaría el cierre de muchas factorías de ese sector.